Galicia desembarcará en Madrid con su producción «bio»
El sector “bio” gallego se presenta en la Villa y Corte Diversas...
La sentencia considera que la enfermedad fue causada por la excesiva exposición electromagnética del trabajador en las instalaciones de Endesa. Con anterioridad tribunales italianos ya habían reconocido el tumor cerebral como enfermedad laboral en trabajadores altamente expuestos a la radiación del teléfono móvil. El fallo judicial viene a sumarse a recientes sentencias en España concediendo la incapacidad laboral a trabajadores afectados por electrosensibilidad.
El pasado diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón confirmó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Zaragoza concediendo a Joaquín Sanz el reconocimiento de que su electrosensibilidad había sido consecuencia de accidente laboral. La sentencia reconoce que el demandante, que desempeñaba labores como ingeniero de sistemas, contrajo la electrosensibilidad en los centros de trabajo.
Joaquín Sanz, que comenzó a sufrir los síntomas de su enfermedad en 2009, realizó sus funciones en las sedes de Endesa en Aznar Molina y Argualas ubicadas junto a centros de transformación eléctrica en los que había un alto nivel de exposición electromagnética. En 2013 los servicios médicos de la empresa le valoraron como persona sensible a campos electromagnéticos, a pesar de ello tuvo que seguir compatibilizando su trabajo en lugares como las oficinas situadas en Madrid junto a wifis y antenas de telefonía.
COMUNIDAD CIENTÍFICA
En 2011 el Tribunal Supremo de Italia concedía a Innocente Marcolini que su neurinoma del nervio craneal fue causado por las varias horas al día que pasaba hablando por el teléfono móvil por motivos de trabajo. Del mismo modo, en 2017 Roberto Romeo conseguía que su tumor cerebral consecuencia del uso del teléfono móvil fuese considerado como enfermedad profesional por el Tribunal de Justicia de Ivrea. Ambas sentencias tuvieron en cuenta la información científica aportada por los peritos en la que se demostró que hay una relación causal entre la radiación del teléfono móvil y el cáncer cerebral, lo que hizo que en 2011 la OMS clasificase los campos electromagnéticos de radiofrecuencia como categoría 2B o posiblemente cancerígeno en humanos.
En 2016 el ingeniero de telecomunicaciones Ricardo de Francisco conseguía que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declarase que su electrosensibilidad era causa de incapacidad laboral, del mismo modo que lo lograba en 2017 una trabajadora de la Universidad de Murcia.
La comunidad científica lleva tiempo denunciando que los crecientes niveles de contaminación electromagnética suponen un riesgo para la salud y que las instituciones de protección radiológica están siendo influidas por las compañías de telecomunicaciones. Diferentes organizaciones ecologistas y colectivos de afectados vienen demandando que se rebajen los actuales límites de emisión electromagnética, tanto para la población en general como en el ámbito laboral.
Hay que señalar que la Ley General de Salud Pública española de 2011 considera que se deberá tomar en cuenta el impacto en la salud de las emisiones electromagnéticas. Así mismo, resaltar que la actual Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 25, insta a proteger a los trabajadores que por su condición particular sean especialmente sensibles a riesgos derivados del trabajo; así como frente a elementos que puedan poner en peligro su fertilidad, aspecto que si se aplicase de manera proteccionista, según la información científica disponible, significaría que muchos puestos de trabajo, como aquellos cercanos a un punto wifi, estarían incumpliendo la normativa. Del mismo modo, hay que mencionar que resoluciones del Parlamento Europeo de 2009 y de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en 2011 piden medidas que garanticen la protección de las personas afectadas por electrosensibilidad.
FRANCIA Y CALIFORNIA
Algunas administraciones, como Francia y el estado de California, empiezan a tomar nota de estos nuevos peligros y a poner en marcha campañas informativas para que la población pueda disminuir la exposición electromagnética mediante un uso más razonable de la tecnología. Sin embargo, en España sucesivas legislaciones -Ley General de Telecomunicaciones en 2014 y Real Decreto 299/2016- mantienen unos límites para la población y profesional muy por encima de los demandados por la comunidad científica, y en 2017 el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital respaldaba un informe del CCARS –Comité Científico Asesor Radiofrecuencias y Salud- vinculado a la industria, que negaba la electrosensibilidad y los posibles riesgos para la salud en los actuales niveles de emisión electromagnética.
El reconocimiento por parte de la justicia de enfermedades causadas por la contaminación electromagnética pone de relieve que hay un problema de medio ambiente y de salud que no se está atendiendo adecuadamente. Las infraestructuras eléctricas y especialmente las tecnologías de transmisión por radiofrecuencia han tenido un auge inusitado en los últimos tiempos, sin que hayan venido acompañadas de normativas que protejan adecuadamente la salud e información que permita a los usuarios conocer los usos más saludables de la tecnología.
Los ciudadanos están siendo expuestos a radiación electromagnética sin conciencia de ello y sin posibilidades de protegerse. El tipo de desarrollo y los niveles de emisión se han venido fijando según los intereses de las industrias y no según criterios científicos independientes. En esta situación son los tribunales los que han tenido que amparar a trabajadores afectados por la contaminación electromagnética. Si no se toman medidas urgentes, según las previsiones de los expertos, asistiremos cada vez más a un aumento de problemas de salud relacionados con la exposición electromagnética, como el cáncer, la electrosensibilidad, la infertilidad y los trastornos de la conducta infantil.