El artista propone que el Gobierno obligue a la hostelería a disponer de un porcentaje del 25% de alimentación “bio”

Pedro Burruezo, reconocido músico y compañero en El Ecomensajero Digital, se levantó el otro día con una idea luminosa. Habida cuenta de que necesitamos una transición rápida hacia la ecología, porque la crisis climática y la 6ª Extinción ya nos están pisando los pies, el artista propone una legislación valiente desde el gobierno español y la UE que obligue a los establecimientos hosteleros a disponer, entre su oferta, de un 25% de alimentos ecológicos, como mínimo. Contarían para ello con incentivos de todo tipo y de precios asequibles. La ley de la oferta y la demanda, en ese nuevo contexto socioeconómico, haría lo demás.

Bueno es en verdad adquirir, pero es mucho mejor conservar
Johann Wolfgang von Goethe

El objetivo primordial del Pacto Verde Europeo es construir de aquí a 2050 una Europa sostenible y climáticamente neutra, motor de inversión y crecimiento. En él se destaca la importancia de gestionar la transición hacia un sistema alimentario más sostenible, consolidando para ello los esfuerzos de los agricultores por hacer frente al cambio climático, proteger el medio ambiente y preservar la biodiversidad. Además, la Estrategia sobre Biodiversidad para 2030 y la Estrategia «De la granja a la mesa» tienen por objeto compaginar la producción de alimentos con la protección del medio ambiente, estimulando al mismo tiempo una inversión y una producción sostenibles. En sintonía con ellas, la Comisión ha definido el objetivo de que «al menos el 25 % de las tierras agrícolas de la UE se utilicen en agricultura ecológica de aquí a 2030 y de lograr un aumento significativo de la acuicultura ecológica”. Por otro lado, en sus conclusiones de 19 de octubre de 2020 sobre la Estrategia «De la granja a la mesa», el Consejo hizo hincapié en el papel de la producción ecológica dentro de un sistema alimentario sostenible. Y la propia Comisión, en su comunicación de 25.3.2021 COM (2021) 141 final, señala el amplio consenso existente sobre el papel clave de la producción y el consumo ecológicos. En este marco general, la UE ha diseñado una propuesta de Plan de Acción Europeo para desarrollar la Producción Ecológica, en la que propone a los Estados Miembros trabajar en 3 ejes y 23 acciones principales. En la Acción nº 4 del Primer Eje (“Estimular la demanda y garantizar la confianza de los consumidores”) ya se apunta a la necesidad de replantear la carga impositiva de los productos ecológicos proponiendo “llevar a cabo un estudio sobre el precio real de los alimentos, incluido el efecto de los impuestos, con vistas a elaborar recomendaciones”. Las entidades españolas SEAE, INTERECO, ECOVALIA, VIDA SANA Y ASOBIO ya hicieron un llamamiento al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que, en línea con las claras directrices de la Unión Europea, la Administración Española contemple en su Hoja de Ruta para la Producción Ecológica medidas para potenciar el consumo de alimentos ecológicos. En concreto, argumentaron como acción con un impacto directo sobre el consumo la reducción del IVA que soportan los productos alimentarios ecológicos, a excepción de las bebidas alcohólicas, hasta un 4% como máximo. Habiendo conocido el reciente acuerdo de los ministros de Economía de la Unión Europea para acometer una reforma del impuesto sobre el Valor Añadido que amplía la lista de bienes y servicios susceptibles de beneficiarse de tipos reducidos y del margen de maniobra que tienen los gobiernos para decidir cómo aplicarlos, las entidades citadas reclaman de nuevo una reducción del IVA aplicado a los productos ecológicos, e instan al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a que canalice y coordine con otros ministerios implicados las acciones pertinentes para conseguir el objetivo en el plazo más breve posible. Que la compra pública tenga un mínimo del 20% dedicado a los alimentos ecológicos también ha sido una de las exigencias de las entidades citadas. Pero, en mi opinión, habida cuenta de la necesidad urgente de mudar hacia un modelo alimentario más justo ambientalmente y que sea capaz de evitar los escenarios futuros más distópicos en la crisis climática, hay que ser más expeditivos en las peticiones/exigencias. El que no llora no mama.

HAY QUE INTERVENIR EN LOS MERCADOS
El gobierno español, en las últimas semanas, ha demostrado que, cuando se quiere, se puede. La mayoría de decisiones que afectan/afectarían positivamente a la sociedad no se llevan a cabo por falta de posibilidades, sino por falta de voluntad política. La alta inflación ha provocado que gobiernos de diferentes lugares del planeta intervengan para hacer más llevadera la crisis a muchas personas, especialmente a los más desvalidos. No son todas las medidas que se deberían tomar… pero algo es algo. El hacer desaparecer el IVA de los alimentos básicos es un ejemplo. El asunto muestra que se puede intervenir en las leyes del mercado (cuando por ejemplo la inflación se dispara) para favorecer a los de economías más débiles y/o precarias. Y se debería intervenir, también, para favorecer una acelerada transición hacia una economía verde, ecológica y que permita garantizar una vida digna para las generaciones venideras. Se nos acaba el tiempo. Una gran crisis ecológica está por llegar. Estamos a tiempo, quizás no de evitarla por completo, pero sí de actuar para que no asistamos a los escenarios más distópicos. Esta es una medida que tiene por objeto acelerar la transición hacia un modelo alimentario estatal/europeo agroecológico que permitiría ahorrar mucho dinero del erario público en sanidad y en costes ambientales.

UN 25%
En el marco de esa transición rápida hacia modelos alimentarios soberanos y ecológicos, propongo:
a) Que la legislación estatal obligue a los establecimientos hosteleros a disponer, entre su oferta, de un 25% de alimentos ecológicos. Para ello, reducirá al 0% el IVA de todos estos productos alimentarios y se crearán incentivos fiscales y de diversa índole para los productores ecológicos y para los establecimientos que se acojan voluntariamente en las primeras etapas del proceso.
b) Que la legislación estatal obligue a los establecimientos hosteleros a disponer, entre su oferta, de entre aquellos alimentos que no sean ecológicos, de un 25% de productos que sean de proximidad y/o de temporada.
c) Que la legislación estatal suba el IVA de todos aquellos productos alimentarios que son nocivos para la salud ciudadana y ambiental: productos ultraprocesados, con muchos azúcares, con productos químicos que se han demostrado peligrosos, refrescos poco saludables… Hasta ahora, las empresas alimentarias (y de cualquier tipo) externalizan los costes: todos acabamos pagando las consecuencias de esa alimentación devastadora, con las problemáticas que crea en el erario público. Subir sus precios sería una medida profiláctica para evitar su consumo.
d) Que la legislación estatal cree nuevos impuestos para todas aquellas empresas que continúan apostando por una alimentación saturada de químicos, importada, con modificación genética, que eleven los costes de producción de las empresas para que o se vean obligados a elegir formas de producción verdaderamente sostenibles con certificaciones públicas que se encarguen de certificar que los procesos utilizados son ciertamente los que anuncian las etiquetas… o produzcan a precios muy elevados que sean no competitivos para desanimar al consumidor.
e) Que todo este proceso se lleve a cabo, para su instauración total, en un máximo de tres a cinco años (dejo la decisión definitiva a los expertos en logística), tiempo suficiente para que pueda crecer la producción ecológica nacional y la producción no ecológica de proximidad/campesina y para que los establecimientos hosteleros se involucren en la nueva realidad alimentaria estatal.

SANCIONES
Dejo para los expertos el tipo de sanciones que cabría aplicar a aquellos establecimientos que no cumplieran las nuevas normativas. Deberían ser modélicas pues, según lo explicado, otras legislaciones habrían facilitado precios asequibles para el tejido empresarial y, al mismo tiempo, incentivos fiscales tanto para productores ecológicos como para los propios establecimientos. Todo ello abarataría los precios. Además, la legislación también acabaría con la perniciosa externalización de los costes sanitarios y ambientales de la comida globalizada: tendrían un IVA suficientemente alto que permitiría al gobierno poder engrosar las arcas del presupuesto social con los costes que esos productos nocivos implican. El que quiera comer basura que pague más. Y el que quiera comer sano que pague menos y lo justo.